«Impunidad», por Federico PONCE ROJAS

Federico PONCE ROJAS, para SudAméricaHoy

A lo que más le temo es al poder con impunidad.
Le temo al abuso del poder y al poder de abusar.
Isabel Allende.

La impunidad jurídicamente es la falta de castigo penal, es la comisión de delitos sin que la sanción penal alcance al autor.
La impunidad en sentido amplio, la constituye todas las acciones que no tienen consecuencias; insultos, amenazas, intimidaciones, agravios que no son castigados y que destruyen el tejido social, elementos esenciales para incrementar el clima de inseguridad en el que está sumida la nación, con la repetición incesante de estas conductas que, sin duda, violentan los derechos humanos sin que quienes tienen obligación de protegerlos actúen.


La impunidad es la causa más determinante para que sean cometidos más delitos, es la causa del aumento imparable de la delincuencia, pues por estas conductas los responsables no pagan las consecuencias, a la par que se niega la protección a víctimas y ofendidos para reparar los daños ocasionados.
La corrupción es causa inmediata de la impunidad, sea por connivencia de autoridades y delincuentes, sumamente alarmante, o por negligencia y abuso de estas, igualmente grave.
La corrupción de autoridades se expresa de igual manera por indiferencia, desatención o falta de recursos.
Cito el imperdonable caso de los niños con cáncer, cuyos padres continúan protestando al no poder firmar un acuerdo con las autoridades que se niegan a suscribirlo por temor a incumplirlo. En opinión de uno de estos angustiados padres, Israel Rivas, el cargamento que se acaba de recibir de Argentina, sólo durará un mes ya que tiene que ser distribuido en todo el país.


Inalienable el derecho a protestar, como lo es el derecho a la vida, la integridad corporal y el cuidado de bienes, en suma a la seguridad; derechos que no se contraponen y que merecen la protección de las autoridades responsables, no hacerlo es también corrupción y abono fértil a los terrenos de la impunidad, es una flagrante ruptura del Estado de derecho, que reconoce la flagrancia y la inherente utilización de la fuerza legítima para someter el violento ataque a las personas y sus bienes.
Los tiempos del Covid-19 dan muestras a diario de estas expresiones con en el manejo inadecuado e irresponsable de los protocolos sanitarios, con la imprecisa y falsa información, la controversia política entre autoridades de todos los niveles y las nulas consecuencias para estos actos lo cual genera miedo y desconfianza en la población, provocando agresiones a personas del sector salud dedicada a salvar vidas, a la quema y destrucción de sus bienes y a descuidarse, haciendo caso omiso de recomendaciones básicas, con el consecuente e inminente peligro de contagio.
De lo anterior se desprende que la impunidad es consecuencia de la corrupción de las autoridades, de los delitos que quedan impunes, de la indiferencia o la falta de recursos, de las acciones de la delincuencia organizada hacia autoridades y población civil.
La falta de respuestas, prontas, oportunas y eficaces de los gobiernos, cuando deciden discrecionalmente cuándo y en contra de quien actuar, dependiendo del peso o lugar que ocupan de manera legítima o ilegitima en la contexto social, auspiciando la impunidad al permitir que los responsables escapen a toda inculpación.


Los niveles de impunidad en nuestro país son de 98,86 % sin considerar la cifra negra. En el ámbito administrativo solo se sancionan 8 de cada 100 infracciones cometidas por empleados de gobierno.
Sin duda el país necesita leyes que ayuden a perseguir y castigar a los delincuentes, sin permitir que ningún acto ilícito quede en la impunidad, pero extremos como los previstos en el “Acuerdo administrativo” publicado hace un par de días en el D.O . Por la Secretaria de la Función Pública que entre otras “ocurrencias” crea la figura de ciudadanos alertadores de la corrupción (sic) violan flagrantemente la garantía de legalidad de los actos de autoridad prevista en el art. 16 de la Ley Suprema.
Parecería que el acuerdo de marras fue extraído de la Staatssichereheit (Stasi) órgano de inteligencia de la Republic
a Democrática Alemana
, de infausta memoria.
Apostilla.-Murió víctima del Covid-19, a los 91 años de edad, el pasado 8 de junio, el pintor y escultor mexicano Manuel Felgueres.